Revive amenaza para Cabo Pulmo

Cabo Pulmo Foto: Alejandro Olivera

Por
Ernesto Méndez

La amenaza para el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur sigue latente, luego de que un Tribunal Colegiado resolvió a favor de un amparo promovido por el grupo de inversionistas que el sexenio pasado impulsó la construcción del Proyecto Turístico Cabo Cortés, junto al arrecife de coral mejor cuidado del mundo, y que fue cancelado públicamente por el propio ex presidente Felipe Calderón el 15 de junio de 2012.

En su resolución, el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir un nuevo resolutivo en materia de impacto ambiental, debido a que la decisión tomada hace dos años “no fue fundada y motivada”.

Lo anterior pese a que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat informó a través del Oficio número 4832 a la empresa española Hansa Urbana que durante el proceso de evaluación “no aportó la información técnica y científica-ambiental exhaustiva y necesaria para demostrar la viabilidad y sustentabilidad ambiental del proyecto”.

En el documento con fecha del 25 de junio de 2012, firmado por Alfonso Flores Ramírez, director general de la DGIRA advierte que la construcción del complejo turístico de 30 mil 694 habitaciones de hotel, una marina con 490 posiciones y una desaladora, podría generar daños irreversibles al ecosistema y las especies en una región tan importante para el país.

Detrás del Proyecto Cabo Cortés (2011-2012) convertido recientemente en el también fallido Cabo Dorado (2014), pero ahora de capital chino, se encuentran Vicente Fox Quesada, ex Presidente de la República y quienes fueran su director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), John McCarthy y Raúl Arriaga, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat.

La relación entre Cabo Cortés y Cabo Dorado queda de manifiesto en una carta enviada por Fox Quesada al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo donde le pide su apoyo “confidencial” para poder gestionar créditos por tres mil 600 millones de dólares, con el fin de construir el megadesarrollo turístico en los linderos con el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo.

“A través de este conducto aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo e informarle que estamos buscando el apoyo del Gobierno Federal para la obtención de cartas de apoyo que nos permitan gestionar los financiamientos para el proyecto Cabo Dorado (Antes conocido como Cabo Cortés” (sic), escribió el ex mandatario, en una misiva en poder de Excélsior.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil como Defensa Ambiental del Noroeste; Niparajá; Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo; Costa Salvaje; Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtieron que con la obtención de este amparo queda claro el doble discurso de quienes, por un lado impulsaron Cabo Dorado, asegurando que era un proyecto diferente y sustentable, pero por otro, siguieron luchando en tribunales para revivir Cabo Cortés, cancelado en 2012.

Señalaron que la idea detrás de esta estrategia, era que una vez que obtuvieran el permiso para levantar un complejo turístico de menores dimensiones como era Cabo Dorado, pudieran aprovechar la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Cabo Cortés para construir y operar una marina en el área conocida como Punta Arena y hacer valer la autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Semarnat para desmontar 47 hectáreas de duna costera.

“El mismo proyecto se ha presentado con modificaciones y diferentes nombres pero la amenaza para el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo siempre ha sido la misma: Cabo Cortés. Queda claro que este proyecto es la enchilada completa”, advirtió Alejandro Olivera, coordinador de Políticas Públicas de Cemda Noroeste.

Ante esta situación, las agrupaciones ambientalistas exhortaron a la Semarnat a ser congruente y emitir de nueva cuenta una resolución en contra de Cabo Cortés, para seguir protegiendo la reserva marina de Cabo Pulmo, catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y calificado como uno de los mejores ejemplos de conservación marina a escala mundial.

(Excélsior)

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