A principios del mes de febrero, el Comité Ambiental y de Obra Pública del Senado de los Estados Unidos aprobó a Andrew Wheeler para desempeñar el cargo de administrador general de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ahora, la resolución final queda en manos del Senado, que podría permitir que Wheeler pase de ser administrador interino, a convertirse en representante legal de la EPA.
Esto representaría un grave riesgo para la salud pública y ambiental; lo que puede afirmarse tras realizarse un breve recuento de su desempeño como administrador interino desde el 9 de julio de 2018, tiempo en el que ha mostrado claramente que no tendrá tientos para debilitar la normatividad ambiental vigente, en favor de los grandes contaminadores industriales.
Una parte muy importante de la carrera de Wheeler, ha girado en torno a funcionar como cabildero de la industria del carbón, llegó a la EPA tras la renuncia de su predecesor Scott Pruitt y al igual que él, representa los intereses del presidente Trump hacia el respaldo de las industrias de carbón, así como la apertura a otras empresas que generan contaminantes que se liberan a la atmósfera y provocan severos daños a la salud.
Cabe recordar que en los últimos meses el funcionario se ha empeñado en debilitar un sinfín de reglamentaciones ambientales, entre las que se encuentran los Estándares de Mercurio y Tóxicos en el Aire, Estándares de Emisiones Vehiculares, contaminación por petróleo y gas, así como la normatividad que determina qué aguas son consideradas como nacionales y cuáles no; y finalmente el Plan de Energía Limpia.
Debilitar la normatividad ambiental en la que Wheeler ha puesto la mira, representa un ataque directo a la comunidad latina debido a que una alta concentración de ella es más propensa a vivir en zonas que incumplen con los estándares de calidad del aire, y además es una población que ya en sí es muy afectada por los efectos de cambio climático. Aunado a esto, debilitar las regulaciones vigentes también afecta de manera económica los bolsillos de los estadounidenses.
Un ejemplo muy claro es que aunque la EPA calcula que los Estándares de Mercurio y Tóxicos en el Aire anualmente salvan hasta 11,000 vidas, además de prevenir miles de ataques cardíacos, ataques de asma y visitas a hospitales -lo que finalmente se refleja en ahorros de gastos que dejan de realizarse por afecciones a la salud- Wheeler está empeñado en hacer estos estándares más laxos. De acuerdo con estos cálculos, los beneficios económicos de los Estándares de Mercurio y Tóxicos en el Aire alcanzan alrededor de los 90 mil millones de dólares por año.
Por otro lado, el Plan de Energía Limpia, que es una de las mejores regulaciones para el manejo de la contaminación que se han implementado en Estados Unidos, ha estado en la mira desde el comienzo de la administración Trump y Wheeler seguirá empeñándose en debilitarlo para favorecer que las industrias más contaminantes puedan seguir teniendo buenos bonos; esto en detrimento del fomento a las inversiones en energía limpia.
La aplicación concreta y al pie de la letra de este plan, ayudaría a reducir las emisiones de carbono para el 2030 en un equivalente a retirar a 5 millones de autos de circulación, lo que a su vez contribuiría a combatir el cambio climático y sus graves efectos reflejados en inundaciones y sequías más intensas, así como en el incremento de incendios forestales, los cuales durante el 2018 dejaron daños económicos por al menos mil millones de dólares. Adicionalmente a los beneficios ambientales que este plan pudiese brindar, en materia de salud pública, evitaría un aproximado de 3 mil 600 muertes prematuras, mil 700 infartos, 90 mil ataques de asma y 300 mil días de trabajo y escolares inasistidos cada año.
Se espera que en días cercanos, el Senado de a conocer su decisión respecto a que Wheeler encabece la EPA como administrador general, por lo que el riesgo de que se siga menoscabando la normatividad ambiental que permite que los estadounidenses cuenten con una mejor calidad de vida, sigue latente. Aprobar a Wheeler sería a todas luces atentar contra la salud y bienestar de cada habitante del país y afectaría en mayor proporción a los grupos rezagados.
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