El Gobierno de México anunció que impugnará ante "las cortes competentes", el fallo internacional a favor de Odyssey Marine Exploration, que lo obliga a pagar una indemnización millonaria por no otorgar la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para el proyecto de minería submarina "Don Diego", que consiste en el dragado de fosfato en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía (SE), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acusaron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del TLCAN, de dar "un peso desproporcionado a declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Semarnat, presentados como testigos por Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas".
"Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés, al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal", subrayaron.
El gobierno mexicano recordó que el pasado 17 de mayo, el CIADI emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, por un monto de indemnización de 37.1 millones de dólares, cifra que, destacó, representa alrededor del 1.18 por ciento del monto que la empresa estadounidense originalmente reclamó en el arbitraje.
"En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros.
Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo", explicó Economía y Semarnat.
Detallaron que uno de los tres árbitros votó en contra de la resolución, al advertir que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”, al tiempo que expresó que "este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos".
Ante esta situación, las autoridades de nuestro país, manifestaron que "Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles".
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