En limbo legislativo, derecho humano al agua

Agua
Sección: 
Medio Ambiente

A partir del martes, el Congreso tendrá tres meses de plazo para construir una Ley General de Aguas que cumpla con la instrucción que esta semana le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para lograrlo, los legisladores deberán superar, en el próximo periodo de sesiones, el estancamiento en el que se quedó el debate en fracasados esfuerzos anteriores entre quienes pretenden eliminar toda participación del sector privado y los que rechazan la necesidad de regularla.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), adelantó que esta misma semana comenzará a trabajarse en una propuesta que, como ya lo establece la Constitución, garantice que el agua deje de ser producto o un servicio para convertirse en un derecho.

Bajo esa perspectiva, el representante de la mayoría en San Lázaro, cámara de origen de este proceso legislativo, aseguró que la futura ley “deberá darle agua a ese 10 por ciento de la población nacional, es decir, 12 millones 600 mil mexicanos que el día de hoy no cuentan con una red de agua potable, en sus comunidades, en colonias o en suburbios de más de 200 ciudades mexicanas”.

Pero el diputado Mario Mata Carrasco (PAN), secretario de esa comisión, alertó que, como sucedió en la Legislatura anterior, existe el riesgo de que la discusión se atore en la idea de desaparecer la ciudadanización del agua, en su administración y abastecimiento. “Que son los distritos, los modos y las unidades de riego, y volver a lo anterior en donde el gobierno era el administrador de todo, y en el que había una corrupción total y que se hacía casi imposible la actividad agropecuaria”, previó.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (Movimiento Ciudadano), también secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, planteó la importancia de despolitizar el tema y encontrar un justo medio que preserve la participación que actualmente tiene el sector privado, mediante concesiones en varios sistemas municipales, al tiempo que se garantice la rectoría del Estado.

Si lo politizamos y lo llevamos al extremo, pues no va a salir la ley”, advirtió el experredista y quien en la 62 legislatura fue parte de uno de los intentos fallidos por regular el párrafo sexto constitucional.

Gaudiano Rovirosa alertó sobre otro riesgo: “No queremos que nos dicten una ley desde afuera para que nosotros la aprobemos. ¡No! Vamos a garantizar el derecho humano al agua con una ley construida desde el Legislativo y después de escuchar a todas las partes”.

 

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