Los megaproyectos de infraestructura o "programas" propuestos por AMLO y su nueva administración necesitan someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) y social (PEVIS), así como a una consulta bajo el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, antes de ser sometidos a sondeos a modo.
Bajo estos procedimientos es posible celebrar consultas previas e informadas, así como reuniones públicas de información, con base en información detallada, tal como lo prevé la legislación mexicana.
Ante la urgencia de contar con la aprobación de los megaproyectos o "programas" como el Tren Maya, Santa Lucía y refinería en Tabasco y la reconfiguración del istmo de Tehuantepec antes de iniciar su mandato, el gobierno de transición no cuenta con las dependencias federales a través de las cuales se podría hacer una consulta efectiva, utilizando las herramientas proporcionadas por la legislación. Por lo que se apoya en sondeos hechos sobre las rodillas.
Sin embargo, si quieren hacer las cosas bien, no deben esperar a que esto suceda, pues podrían ir iniciando al menos los estudios de impacto social y ambiental, que a fin de cuentas, están obligados por ley y las harán en algún momento si es que no quieren caer en prácticas autoritarias.
Si realmente el gobierno de AMLO está preocupado por preguntar al pueblo, debe proporcionar información para decidir. La ley brinda muchas herramientas para hacerlo. No pueden argumentar que van a cuidar el medio ambiente sin haber hecho los estudios correspondientes, ¿Cuántas veces hemos escuchado los mismos argumentos de megaproyectos depredadores? Primero dan el manotazo en la mesa y después sacan el trapito para limpiar.
Entre otros requisitos, en una manifestación de impacto ambiental se debe elegir el sitio entre otros posibles y se debe justificar técnica y ambientalmente el mejor; se deben hacer inventarios de fauna y de flora, identificar a las especies en riesgo, revisar si el proyecto es compatible con las áreas naturales protegidas, usos de suelo, ordenamientos ecológicos, áreas de importancia para la conservación, sitios de patrimonio mundial y arqueológicos, reglamentos y leyes locales, entre otros, así como establecer medidas de mitigación de los impactos que se provocarán.
Todo esto a partir de una descripción detallada de toda la infraestructura que se construirá, casi casi ladrillo por ladrillo.
Ya con toda esta información, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puede solicitar más información al promovente, y si es necesario, preguntar una opinión técnica a quien requiera, por ejemplo a la UNAM, al IPN, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ayuntamientos y gobiernos de los estados, etc.
Así como a la ciudadanía al abrir un periodo de consulta pública e ir más allá: organizar una reunión pública de información en donde el promovente debe exponer en qué consiste el proyecto y abrir preguntas al público y promover el debate. Esto ya existe, y miles de proyectos se han sometido en México ante este procedimiento.
Bajo el PEVIS (requisito que surgió después de la Reforma Energética) se busca garantizar la sustentabilidad y el respeto a los derechos humanos durante la vida útil de todos los proyectos energéticos, como una refinería en Tabasco por ejemplo, y por lo mismo le toca a la Secretaría de Energía (SENER) evaluarlas.
El promovente (PEMEX en muchos casos) debe hacer la EVIS respetando y protegiendo los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, ejercerá la debida diligencia a fin de prevenir las violaciones a los mismos. Se deben considerar todas las comunidades que se ubican en el área de influencia, su caracterización, identificación de comunidades indígenas, la predicción y valoración de los impactos sociales, positivos y negativos, un plan de gestión social, etc, etc.
Si está bien hecho, puede reflejar una radiografía socioambiental muy completa.
Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales es una Convención de la cual México es parte. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
Busca superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que alteran sus vidas, por lo que la consulta previa y la participación son fundamentales. Como verán, no es "enchílame esta".
Todavía hay más instrumentos de participación social que no voy a nombrar. La duda es: ¿Ya se habrán cuestionado todo esto?
Será que lo quieren evitar a través de los sondeos antes de ser gobierno, y así librar responsabilidades de funcionarios públicos por graves omisiones y aplastamiento de derechos humanos. Para llegar al poder y decir: el pueblo ya decidió.
¿Cuál es la urgencia con las consultas de los megaproyectos?
No se pueden violentar los derechos humanos de esa forma. Es imposible tener una opinión sobre un megaproyecto solo con saber su ubicación y su nombre, explicarlo en un pedacito de papel y decidir en base a un sistema de "manita arriba o manita abajo".
Si bien hace falta mucho por hacer, México no empieza de cero en las consultas públicas, y no podemos retroceder. Se trata de informar a la población para que pueda decidir a través de una verdadera consulta.
Todos queremos acabar con la corrupción sí, pero también con la imposición. Señores, si quieren hacer las cosas bien, usen las herramientas ya existentes y no hagan sondeos a modo.
* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de Algo que Informar
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