El país que López Obrador soñó gobernar en 2006 se parece poco al que hoy, en 2020, debe sacar a flote. Desde el año 2006, en que el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compitió por la Presidencia de la República hasta hoy, los problemas por los que atraviesa el país aumentan.
Algunos ya presentes décadas atrás, como la desigualdad, la pobreza y el desempleo, se agravaron y otros más, como la inseguridad, la violencia y la impunidad ocasionadas por una supuesta guerra en contra del narco y la delincuencia organizada, una enorme corrupción política y el saqueo sin precedente de las arcas públicas se sumaron, complejizando el contexto en el que la actual administración federal, a año y medio de iniciada, busca llevar a buen término lo que ha definido como un nuevo proyecto de Nación. Sin embargo, es de notar que, a pesar de todo, aparentemente AMLO sigue contando con un amplio respaldo ciudadano.
A los problemas viejos y a los más recientes se agrega la pandemia que azota al mundo y a México, una emergencia sanitaria que no solamente incide en el terreno de la salud, sino que trae consigo una crisis económica por la reclusión y la paralización forzada de actividades productivas y cuya magnitud está provocando tensiones políticas y conformando el caldo de cultivo propicio, en el corto y el mediano plazo, para el surgimiento de una profunda inconformidad social.
A la desigualdad y la pobreza se suman nuevos pobres, se calcula que serán al menos 10 millones de personas más las que se añadirán a las filas de los pobres y pobres extremos; entre uno y tres millones de nuevos desempleados que al multiplicarse por cuatro, número promedio de miembros de una familia, muestra la dimensión real del problema. Se calcula, además, que el país pasará del estancamiento económico a un decrecimiento de alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), por mencionar tan sólo unos datos.
Puesto en este escenario, el presidente de la República se ha resistido a dejar a un lado o siquiera posponer los proyectos eje de su gobierno en materia de infraestructura como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas.
Se ha opuesto también, y de manera categórica, a tomar medidas que se traduzcan en aumento de la deuda pública o rescates a grandes empresas, al estilo de las anteriores administraciones que convirtieron deudas privadas en públicas obligando a la población a cargar, por décadas, con su rescate.
Ciertamente, como él mismo ha dicho, algunos de los programas sociales que hoy se recomiendan para apoyar al sector de la población más golpeado por lo que se ha dado en llamar la “triple pandemia” (sanitaria, económica y de modos de vida), como las pensiones a adultos mayores y personas discapacitadas, las becas de estudio y trabajo a jóvenes, el programa “Sembrando vida”, las obras de infraestructura estaban ya en marcha antes de la pandemia. El punto aquí es, que esos programas fueron pensados para elevar el nivel de vida de una población ya depauperada y no para enfrentar nuevas crisis. Es aquí donde la pregunta por su efectividad en estos momentos se hace presente.
Si ya de por sí, los recursos económicos con que el gobierno contaba para hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) eran limitados, la pandemia ha implicado más presión sobre el presupuesto. Esto ha llevado al primer mandatario a pasar, en el presente año, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, poniendo en riesgo, incluso, la operatividad de su propio gobierno al reducir en un 75% el gasto corriente.
Ha llevado también a buscar recursos extras, por ejemplo, recuperando lo destinado a 281 fideicomisos públicos, alrededor de 250 mil millones de pesos, cerca del 1% del PIB, a decir del propio presidente, para con ello fortalecer los programas sociales emblema de la administración lopezobradorista, reactivar la economía y otorgar créditos, apuntalar a Pemex ante la caída de los precios del petróleo y pagar deuda pública.
Se debe aclarar que en el camino se han reconsiderado algunos de los presupuestos de dichos fideicomisos, en especial aquellos que se han administrado de manera transparente y que contribuyen de alguna forma al desarrollo de actividades esenciales como la ciencia y la tecnología.
Otro asunto que se vio afectado por la presente contingencia es el nexo del presidente de la República con “su pueblo”. La reclusión forzada, por el riesgo de contagio, le ha impedido continuar con sus giras por todo el país, pero, sobre todo, atender y escuchar directamente a quienes buscan su intervención en la solución de los muchos problemas por los que pasa la Nación.
Un buen ejemplo de esto es el reclamo hecho al primer mandatario por familiares de desaparecidos al salir de las instalaciones del Campo Militar 26-A en Xalapa, Veracruz, el 15 de junio, cuando no se detuvo a atenderlos, como él mismo dijera al otro día, por cuestiones de seguridad sanitaria. El reclamo fue sentido pues la gente le gritó: “Tuvo más derecho la mamá del Chapo que nosotros”.
En este punto, llama la atención que no existe un consenso en torno a qué tanto el presidente ha mantenido niveles aceptables de aprobación durante el año y medio de su gobierno. Por ejemplo, según datos de la encuesta realizada por Alejandro Moreno para el periódico El Financiero y reportada este miércoles 1 de julio, el presidente obtuvo las calificaciones más bajas en lo que va de su gestión, en relación con sus atributos personales, a saber: obtuvo un 54% de opinión positiva en cuanto a honestidad; 47% en liderazgo y 33% en capacidad para dar resultados. Esto se traduce en una aprobación del 56% y un 44% de desaprobación, asumiendo que recién iniciada su administración la primera llegó a ubicarse hasta en 86% según la empresa de Parametría.
En una encuesta más, realizada por Simo Consulting y publicada por El País México, presentada en la misma fecha que la de El Financiero, se reporta, de manera relevante, que, a pesar de los números negativos en materia de economía, seguridad, feminicidios y control de la pandemia, el 68% de los encuestados aprueba el mandato del presidente, una diferencia de 14 puntos respecto de lo informado por el diario mexicano en el mismo rubro.
Se puede concluir que año y medio es insuficiente para juzgar los resultados de un gobierno que se propuso reformas estructurales y cambio de régimen. No así en términos de los problemas acumulados por décadas en los que se espera un avance mayor en menos tiempo, de ahí la baja en la aprobación, propia del coste de todo gobierno en funciones. Disminución que, sin embargo, no alcanza para afirmar el fracaso de una administración.
Se debe enfatizar también que bien pueden estar subrepresentadas las personas que apoyan al presidente de la República, pues el contexto de pandemia no permite aún que se realicen encuestas en domicilio sino sólo por teléfono o en redes sociales.
Finalmente, al juzgar los avances o retrocesos del gobierno de López Obrador, no puede dejarse de lado que el país que actualmente administra no es el mismo que se le entregó con la banda presidencial y mucho menos aquel con el que soñó hace 14 años.
Ivonne Acuña Murillo es académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de Algo que Informar.
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