Piden ONG's al Senado prohibir la minería en áreas naturales protegidas

ANP Minería
Sección: 
Medio Ambiente

Con el respaldo de 35 mil firmas, activistas, ciudadanos e investigadores realizaron una manifestación para pedir al Senado de la República apruebe de manera urgente la iniciativa de reforma que prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, avalada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo.

Las modificaciones al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece la prohibición de explorar y explotar hidrocarburos y/o minerales en las reservas ecológicas, con lo que se avanza en la protección de los recursos naturales y los ecosistemas.

Hasta ahora, el marco legal posibilita la operación de minas en las áreas naturales protegidas, dado el carácter "preferente" que se otorga a esta actividad económica sobre otros usos en los territorios.

"Esto ha conllevado a que la minería sea una de las actividades que mayores impactos y violaciones ocasionan en los derechos sociales y ambientales en los territorios", advirtieron organizaciones como el Centro para la Diversidad Biológica, Reforestemos y Fundar Mexico, entre otras.

Actualmente la superficie concesionada a la minería en áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal y municipal es de 2.39 millones de hectáreas (una superficie que equivale a todo el territorio del Estado de México), donde, según datos del Servicio Geológico Mexicano, operan 73 proyectos mineros, algunos de ellos situados en áreas reconocidas de Patrimonio Mundial y sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, arrasando con su biodiversidad, contaminando los recursos naturales, y poniendo en riesgo su función natural.

Además, de acuerdo con datos del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hasta 2015 las actividades mineras generaron 11 sitios altamente contaminados al interior de siete áreas naturales protegidas ubicadas en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora.

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