Ante la acelerada deforestación y el despojo de tierras a 200 familias de indígenas lacandones, crecen las voces de alerta sobre la situación que viven las siete áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona con 419 mil hectáreas de conservación: Reserva de la Biosfera Montes Azules, Reserva de la Biosfera Lacan-Tún, Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok, Área de Protección de Flora y Fauna Nahá, Monumento Natural Bonampak y Monumento Natural Yaxchilán.
Estas áreas naturales protegidas se encuentran amenazadas por construcciones no autorizadas, incendios forestales, asentamientos humanos, cacería ilegal, y extracción ilícita de maderas preciosas, que ponen en riesgo la integridad ecológica de los territorios y el sano desarrollo de su población.
La región de la Selva Lacandona es también una zona de alta marginación social en la que habitan indígenas y campesinos en condiciones de pobreza extrema, con una población infantil y juvenil creciente que demandará empleos e ingresos en muy pocos años, y que dependen de la conservación a largo plazo del ecosistema.
A lo anterior, se suman los compromisos internacionales que tiene México como el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, los acuerdos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre muchos otros, que obligan a la conservación de la biodiversidad y a proteger a nuestras especies emblemáticas como la guacamaya roja y el jaguar.
Recientemente, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Alejandra Lagunes presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a fortalecer las áreas naturales protegidas de la región y garantizar la calidad de vida de la población.
El planteamiento es poner en marcha un “Plan Especial de Desarrollo Sustentable para la Región de la Selva Lacandona”, que sea integral e incluyente, que defina fechas específicas de acción, a corto, mediano y largo plazo, que permita combatir la pobreza, superar las desigualdades sociales, generar nuevos ingresos y empleos dignos.
Además de que concilie la conservación de los ecosistemas naturales con las actividades productivas sustentables e incremente las capacidades económicas y sociales locales, en el marco del respeto a los derechos humanos; y atiendan puntualmente los ilícitos ambientales que se cometen dentro de la Selva Lacandona.
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