El caso de un maestro indígena oaxaqueño activista de los derechos humanos que sufrió tortura y estuvo detenido más de un cinco años llevó al Comité de la ONU contra la Tortura a urgir a México a no penalizar la defensa de las garantías fundamentales.
Los expertos del Comité de Naciones Unidas determinaron las violaciones sufridas por Damián Gallardo Martínez por el mero hecho de luchar por sus derechos y los de su pueblo.
“Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, aseveró ese órgano tras exponer ampliamente el desarrollo de los acontecimientos iniciados en 2013.
El ataque a Gallardo Martínez, docente y defensor de los pueblos indígenas y del derecho a la educación, respondió a su labor de años de promoción de la educación comunitaria en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca.
La detención
Originario del pueblo indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitolteopec de la región Mixe, Gallardo Martínez participó en Oaxaca en 2013 en una serie de protestas organizadas por el sindicato de maestros. En mayo del mismo año, fue arrestado por siete policías que irrumpieron en su casa sin orden judicial.
Una vez detenido se le incomunicó y trasladó a un centro clandestino donde padeció golpizas de los policías para que diera información sobre otros activistas del derecho a la educación.
En su testimonio frente al Comité de la ONU, Gallardo Martínez aseguró que sus victimarios lo amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, además de asesinar a sus padres. Luego, se le obligó a firmar una “confesión” en un papel en blanco que se usó para acusarlo de participación en el crimen organizado y del secuestro de dos jóvenes sobrinos de un importante empresario.
“Damián Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencerlo de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, señaló Peter Vedel Kessing, uno de los miembros del Comité.
Más adelante se le llevó a una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí permaneció hasta diciembre de 2018, cuando el Ministerio Público Federal solicitó el desistimiento del caso.
A lo largo de esos cinco años fue golpeado brutalmente, se le sometió a revisiones bucales y anales, se le privó del agua y el sueño y estuvo aislado 22 horas diarias.
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