Tras la adhesión de México a la moratoria global para que no se realicen actividades de minería submarina en aguas internacionales, en tanto no se cuente con información científica suficiente, que brinde certidumbre respecto a sus impactos ambientales, organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Secretaría de Economía (SE), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cancelen las 14 consesiones vigentes en aguas territoriales, otorgadas entre 2010 y 2016.
Durante el webinar "El rol de México en la protección de los fondos marinos", Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica, explicó que en concordancia con la reciente reforma a la Ley Minera, que prohíbe la minería submarina en aguas nacionales, y la posición internacional asumida por el gobierno mexicano ante el Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), es necesario eliminar cualquier riesgo interno.
Reveló que en la actualidad las concesiones de minería submarina vigente abarcan 722 mil 196 hectáreas en tres estados de la República Mexicana: Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.
Recordó que hasta el momento, la única empresa que ha querido hacer uso de su concesión en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, es Exploraciones Oceánicas, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration, con el proyecto Don Diego, para el dragado de fosfato, en una zona donde migra la ballena gris, hay presencia de tortugas caguama y una rica biodiversidad que estaría en riesgo.
Alejandro Olivera indicó que la Semarnat le ha negado en dos ocasiones la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con base en el principio precautoria, pero la firma de rescate de tesoros en el fondo del mar, no conforme, acudió a un panel internacional para exigir el pago de una indemnización de alrededor de tres mil 500 millones de dólares, argumentando discriminación por parte del Gobierno de México en el marco del entonces TLCAN.
Agregó que se espera que el fallo sobre este caso se de en el primer trimestre de 2024, luego de que tanto las autoridades mexicanas como la empresa han tenido la oportunidad de defenderse y presentar pruebas.
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