La escalada de violencia que se vive en el país, esta más que manifiesta con la emboscada al convoy militar en Sinaloa, que costó la vida de cinco elementos y lesiones a 10 más, hasta el asesinato a sangre fría del juez federal del Estado de México.
Ambos hechos que parecerían aislados y fuera de contexto, están íntimamente relacionados y se dan en el marco del repunte de enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y sus células criminales, por el control de las plazas.
El reacómodo de las organizaciones criminales ha traído consigo una serie de acciones por parte de las mismas para no perder zonas de influencia o hacerse de algunas otras.
Esta nueva configuración no es nueva, desde el inicio de la denominada “Guerra contra el Narco”, que inició en la pasada administración, se sabe de siete confrontaciones directas entre los cárteles, o principalmente en 18 entidades federativas.
El diagnóstico realizado desde entonces reveló que de las nueve organizaciones conocidas, había por lo menos 37 células o grupos armados fuertemente.
Desde entonces se advirtió que los grupos estaban estructurados y con amplia capacidad de corrupción y generación de violencia, misma que contrataba con la fragilidad de las instituciones que debían combatirlos.
Es fecha que nada ha cambiado a pesar de las reformas en materia de justicia y seguridad, de nada sirvió el diagnóstico si no se ha encontrado el tratamiento.
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