A punto de cumplirse siete años del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora y Bacanuchi, representantes de las comunidades afectadas en el estado exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplique medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de ocho municipios, con pleno acceso a agua limpia y la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados como arsénico y plomo, confirmado a través de sus propios monitoreos.
Las medidas solicitadas por los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora surgen ante la impunidad de Grupo México y la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014.
Desde el pasado mes de mayo, la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera se comprometió en sesión pública en las comunidades a dar respuesta a una serie de cuestionamientos en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora, con el que supuestamente se había dado por concluida la reparación de los daños ocasionados por la minera, y el impacto a derechos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano.
"El tiempo corre y la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada. Asimismo, el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un 'diagnóstico ambiental' del Río Sonora en 'tres meses' concluye el 4 de octubre", manifestaron.
Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), explicó que las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano.
"Compromisos que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más este asunto", advirtió.
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