La Secretaría de la Función Pública (SFP), determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al extitular de Hacienda, Luis Videgaray.
“Por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”, informó en un comunicado de prensa.
La SFP destacó que “el involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal”.
Desde la Secretaría de la Función Pública se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades.
Respuesta
El exsecretario de Hacienda informó en redes sociales que impugnará la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública, que lo inhabilita por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
A través de una carta publicada en sus redes sociales, Luis Videgaray detalla que impugnará la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales.
En la misiva, fechada en Cambridge, Massachusetts, el extitular de la Secretaría de Hacienda resalta que la SFP lo considera administrativamente responsable de omitir manifestar “cuentas bancarias en sus declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017”, por lo que informa que:
Las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.
Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas por el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado).
Finalmente, es importante destacar que, en el oficio mediante el cual fui notificado de la resolución, la propia SFP expresamente reconoce que yo no obtuve ningún beneficio o lucro de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económio.
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