En un acto público en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, exigieron a los ministros revisar las operaciones del Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado acordado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto, y reabrirlo “hasta que se cumplan sus objetivos y se hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra”.
En el templete, Irene Moiza, Evelia Lares, Oscar Encinas y Wenceslao Miramón, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), un movimiento social que reúne a las personas afectadas por el derrame en siete municipios, ofrecieron un mensaje para exigir justicia ante el máximo tribunal del país.
El acto en la SCJN contó con la participación de representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras del territorio. Un "tinaco tóxico", símbolo de la impunidad de Grupo México, se puede ver a la derecha del templete.
“Han sido cinco años de impunidad, de enfermedades, de angustia. Pero también cinco años de organización, de lucha, de resistencia. Hoy estamos aquí para exigir a la Corte que traiga justicia YA a nuestras comunidades”, dijo Irene Moiza, de Bacanuchi.
El evento estuvo acompañado por activistas y defensoras del territorio de la Sierra Norte de Puebla y organizaciones aliadas como PODER, Fundar, Greenpeace México, Oxfam México, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), ProDESC y Serapaz, entre otras.
“El Fideicomiso que prometió reparar los daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y del gobierno, sin la participación de las personas afectadas. Sirvió para hacer negocios y para limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de la gente. Por no remediar nada y dejarnos en la indefensión total, argumentamos que la tarea del fideicomiso quedó inconclusa. Además, es el trabajo del Estado, no de un fideicomiso privado, remediar violaciones de derechos humanos, como las que nosotros todavía sufrimos en el Río Sonora”, añadió.
Oscar Encinas, del municipio de Ures, representante común de uno de los amparos que atrajo la SCJN. ”Lo que estamos exigiendo a la Corte es que ese Fideicomiso sea considerado autoridad responsable, reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con nuestra participación”.
La Suprema Corte atrajo tres amparos sobre el Fideicomiso, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora. El amparo 384/2018 pone en duda la forma en la que operó el Fideicomiso; el amparo 927/2018 cuestiona que el Fideicomiso hizo caso omiso al Proyecto de Reactivación Agropecuaria; y el amparo en revisión que resulte de la facultad de atracción 263/2019 cuestiona el cierre del Fideicomiso y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.
A partir del 7 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN sesionará para decidir sobre el primer amparo interpuesto por los Comités de Cuenca, el relativo a la forma en la que operó el Fideicomiso. Éste es, para los Comités de Cuenca, el caso más importante porque definirá si el Fideicomiso puede ser considerado autoridad responsable para efectos de amparo, dado que, a pesar de ser un mecanismo privado, tuvo por objeto la remediación del daño y fue presidido por el entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo.
“Grupo México pactó con el gobierno, a su arbitrio y antojo, la forma de solventar el peor desastre ambiental de la minería en el país. Lo hicieron sin conocimiento, participación, ni respeto por las personas y comunidades afectadas. Parte del mecanismo que idearon para minimizar sus responsabilidades fue el Fideicomiso Río Sonora. La Segunda Sala de la Suprema Corte tiene el deber de corregir todo eso, asegurar que la protección de las personas no quede confiada solamente a las empresas que las perjudican y, con ello, cerrar una ruta para la impunidad empresarial”, apuntó Luis Miguel Cano, parte del equipo legal de PODER.
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