Cientos de permisionarios y pescadores del Alto Golfo de California agrupados en cooperativas y federaciones presentarán este miércoles y jueves una lluvia de amparos en contra del Acuerdo del Gobierno de México que prohíbe la fabricación, transportación y uso de redes de pesca tradicionales en el hábitat de la vaquita marina.
Los recursos legales en contra de la medida impuesta en medio de la severa crisis económica que enfrentan las comunidades de San Felipe y el Golfo de Santa Clara, serán presentados en juzgados de Baja California, Sonora y la Ciudad de México.
De esta forma, el sector organizado solicitará la protección de la justicia federal para poder salir a capturar camarón con sus redes de enmalle y agalleras sin ser molestados, ya que argumentan que después de dos años de que les retiraron las compensaciones económicas por las afectaciones a la pesca, las autoridades no les han ofrecido opciones productivas para poder salir adelante.
Además de que en seis años, el Inapesca no ha podido encontrar las artes de pesca alternativas que sean viables económica y ambientalmente para la región.
Uno de los principales argumentos en su defensa es que el Acuerdo que apareció el 24 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), omitió la consulta pública a la que obliga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), al ser publicado por la Secretaría de Marina (Semar), aprovechando que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 69-A, hace una excepción en su caso y en el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El asunto es que el decreto emite una regulación pesquera, al establecer nuevas reglas para el uso de redes, por lo que la Semar no tiene facultades y tenía que ser la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Conapesca, quien publicara el Acuerdo, previamente avalado por la Conamer.
Los amparos colectivos serán presentados por distintos bufetes de abogados, entre los que se encuentra, Rigoberto García Soto, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca hasta 2018, quienes tienen confianza de obtener primero la suspensión provisional para que los jueces entren a analizar el fondo de las reclamaciones, y después otorguen la suspensión definitiva.
Pescadores del Alto Golfo de California consultados dijeron sentirse agobiados, "porque tenemos que gastar dinero que no tenemos en amparos", para poder realizar las actividades que heredaron de sus abuelos, pero coinciden en que es la única opción que les dejó el Gobierno de México, ante su negativa a escucharlos y buscar una salida negociada a la grave problemática de la vaquita marina, que ya les costó un embargo por parte de Estados Unidos, que era su principal mercado para el camarón.
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