El sobrino de Dolores Padierna, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo no seguirá llevando el caso de Rosario Robles.
Lo anterior, luego de que el juez federal vinculara a proceso y ordenara prisión preventiva de la extitular de Sedesol y Sedatu.
Las ríspidas audiencias entre el juez y Rosario llevaron a la defensa de la extitular de Sedesol a acusar a Delgadillo Padierna de caer en un posible conflicto de interés.
Delgadillo Padierna fue rotado como “juez administrador” del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.
Su nueva responsabilidad recaerá en gestiones administrativas en el penal, pero ya no conducirá ninguna audiencia.
En tanto, la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, concedió la suspensión definitiva de la inhabilitación ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en beneficio de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.
La magistrada determinó que la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años, queda sin efecto hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo 24 33 34/19-17-06-2.
Lo anterior significa que Rosario Robles Berlanga, no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados tras considerar que, con la resolución de la Secretaría de la Función Pública, “se perjudicaría el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un prejuicio de difícil reparación”.
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Cabe recordar que su defensa a cargo del abogado Julio Hernández Barros, recibió el pasado 3 de enero del año en curso de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el aviso de que le fue concedida concedió la suspensión provisional para la inhabilitación por 10 años, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.
El TFJA dio la razón a Robles tras resolver que la suspensión “perjudicaría el derecho de imagen del solicitante en el ámbito personal y profesional”, además de argumentar que la suspensión de la inhabilitación “no causa perjuicio al interés social ni contraviene el orden público”.
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