La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu, por omisiones que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular.
Los convenios se firmaron con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo M; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
En voz de Teresa Maldonado, agente del Ministerio Público Federal, las imputaciones directas a Robles son “por el posible ejercicio indebido del ejercicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.
“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.
La agente enlistó las acusaciones y enfatizó en que lo que se hizo en la Sedesol se repitió en la Sedatu. Lo que pidió fue “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la “Estafa Maestra”; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.
Intento de la defensa
Al inicio de la audiencia, los abogados de Robles Berlanga solicitaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, un recurso de revocación para argumentar que ASF no tenía facultad de víctima en el caso.
Expusieron que la ASF no se podía considerar como parte ofendida, ya que la Auditoría Superior de la Federación sólo se limita a regular bienes jurídicos y el patrimonio es “derecho del pueblo”.
Añadieron que se trata de un órgano técnico designado por la Cámara de Diputados y que entre sus facultades no estaba la regulación. Esto por la participación de la ASF en este caso, luego de que una organización de la sociedad civil realizar una denuncia.
La FGR y el representante de la ASF señalaron que a pesar de que se trataba de un órgano técnico, este tenía como objetivo la fiscalización de las cuentas públicas del erario federal y que es el órgano encargado de salvaguardar la Hacienda Pública Federal.
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