Gladis Giovana llegó poco después de las 20:30 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para enfrentar, junto con su pareja Mario Alberto, la audiencia inicial por el delito de secuestro agravado y feminicidio de Fátima. Alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado un juez de control los vinculó a proceso imponiéndoles prisión preventiva oficiosa.
Giovana arribó con un pantalón color caqui y una chamarra azul, Mario Alberto, con una pijama azul cielo y sandalias.
Primero se practicaron los estudios médicos para cada uno de los imputados, retrasando el inicio de la audiencia, programada para las 21:00 horas.
Pasaron unos minutos y el impartidor de justicia otorgó un receso de una hora para que la defensa de los acusados pudiera conocer el contenido de la carpeta de investigación, pues la abogada que decidió defender a la mujer renunció al caso
tras recibir amenazas de muerte.
El juez también informó que la audiencia se desarrollaría de manera privada.
En ese momento, Ana Katiria Suárez Castro, una de las asesoras jurídicas de la familia de Fátima adelantaba que existían elementos de prueba para vincularlos a proceso.
"Creo que el principio del proceso va a ser determinante para establecer las diversas conductas que se hayan generado en el lapso en el que ocurrieron los hechos”, señaló Suárez Castro.
La audiencia reinició a las 23:00 horas. La vigilancia de la policía procesal dentro de la sala de oralidad se reforzó a lo largo de las más de tres horas que duró el desahogo de pruebas ante el juez: al lado de Giovana había tres policías mujeres, mientras que Mario Alberto estaba custodiado directamente por dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial.
Gladis Giovana y Mario Alberto prefirieron callar.
Se reservaron su derecho a emitir algún tipo de declaración del grado de conocimiento por el que fueron vinculados a proceso por los dos hechos diversos, uno constitutivo del delito de feminicidio y el diverso de secuestro agravado”, dijo Luis Fernando Trejo Vargas, Ministerio Público en representación de la Fiscalía Antisecuestros al término de la audiencia.
El juez fijó un plazo máximo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
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