![Salvador Cienfuegos](http://www.algoqueinformar.com/sites/default/files/portada/ekapappxyacpjj2.jpg)
El caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda acusado de narcotráfico en Estados Unidos, refrenda la necesidad de contar con una agenda de seguridad ciudadana seria, que no dependa de corporaciones militares, que tampoco están exentas del poder corruptor de los mercados ilícitos de las drogas, advirtió Elisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
“Vamos a darle seguimiento de cerca al caso, sin duda alguna, pero creo que refrendamos justamente la necesidad de tener una agenda de seguridad ciudadana seria, que no descanse simple y sencillamente en la transferencia de facultades y responsabilidades a corporaciones militares, que de nuevo, tampoco están exentas del poder corruptor de estos mercados ilícitos, como podemos ver con los sucesos de las últimas horas”, manifestó.
En este sentido, Elisa Sánchez celebró el amparo que el pasado 9 de octubre otorgó el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa a la organización contra el “acuerdo militarista” promovido por el Ejecutivo Federal, con el que pretende reglamentar el artículo transitorio de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.
En conferencia de prensa virtual, explicó que el Congreso de la Unión estableció que la regulación debía contener límites, controles y guías para las acciones de la fuerzas armadas en operativos policíacos, entre mayo de 2020 y marzo de 2024.
“Esa reforma constitucional exigió que toda intervención militar fuera extraordinaria, que toda intervención militar fuera fiscalizada, que estuviera correctamente regulada y que además de todo fuera subordinada al poder civil”, detalló.
Por su parte, Armando Santacruz, presidente del Consejo de México Unido contra la Delincuencia rechazó que el amparo busque poner obstáculos a la llamada Cuarta Transformación.
Destacó que la organización tiene una lucha de dos décadas contra la militarización de la seguridad pública, y puso como ejemplo, cuando se opusieron a la creación de la Gendarmería por carecer de sustento legal en 2013, cuando no estuvieron de acuerdo con la guerra contra las drogas de Felipe Calderón o cuando combatieron la Ley de Seguridad Interior.
“Nuestro amparo no tiene dedicatoria a ningún gobierno, nuestro amparo es una lucha que tiene 20 años, para tratar de que la seguridad se ataque de la forma que se tiene que atacar, con respeto a los derechos humanos, con instituciones civiles profesionales que se puedan dedicar a estas labores, sin incurrir en los problemas que se suelen caer, cuando se opta por una estrategia como ésta, de absoluta militarización de la lucha contra la delincuencia”, subrayó.
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