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La Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de marzo, “no es un programa regulatorio para admistrar las pesquerías, conservar a la vaquita marina, ni detener la captura ilegal de pez Totoaba”, consideró el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Lo anterior fue parte de los alegatos presentados el pasado 19 de abril ante el juez Gary S. Katzmann del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos por parte de Nina Young, representante del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio, con el fin de mantener el embargo pesquero contra México impuesto en agosto de 2018.
La media cautelar que impacta directamente en la exportación de curvina, camarón, chano, y sierra procedente del Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina, hacia Estados Unidos, es resultado de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, el Instituto de Protección de los Animales y el Centro para la Diversidad Biológica.
La denuncia presentada por estas organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos en marzo del año pasado, exigía a la administración de Donald Trump, tomar acciones contundentes contra México al amparo de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que cuida no sólo a las especies nacionales, sino también a las ballenas, delfines y marsopas de otros países.
El documento que contiene las declaraciones de Nina Young establece que México no ha puesto en marcha un programa regulador de pesca equiparable al de Estados Unidos, que prohiba definitivamente el uso de redes de enmalle, métodos o técnicas que dañen al mamífero marino en mayor peligro del mundo, horarios para realizar actividades en el mar, el establecimiento de puntos de desembarque y la colocación de sistemas de geolocalización para la vigilancia de todas las embarcaciones.
De acuerdo con la integrante del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, el pasado 8 de abril, en una reunión con funcionarios del Departamento de Estado en la Embajada de Estados Unidos en México, representantes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) de nuestro país, aseguraron que están trabajando en una estrategia concreta para compartir con la NOAA, y repitieron varias veces que México puede cumplir con sus compromisos internacionales.
Nina Young destacó que a pesar del embargo pesquero, la captura ilegal de Totoaba no ha disminuido, ya que en marzo de 2019 apareció muerta otra vaquita marina, ahogada en una red de enmalle utilizada por pescadores furtivos, además de que recordó los ataques violentos contra barcos de la agrupación Sea Shepherd, que patrulla el Alto Golfo de California para tratar de salvar a la vaquita marina de la extinción, y el robo de más de mil redes ilegales durante los disturbios registados en San Felipe, Baja California.
“Tenemos una nueva administración mexicana y poco tiempo para restablecer el orden en las comunidades pesqueras y eliminar la pesca ilegal de Totoaba”, remató la funcionaria estadounidense.
La Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California también fue rechazada por las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, porque elimina las compensaciones económicas que recibían mensualmente para mantener sus redes fuera del mar, sin darles de inmediato un arte de pesca alternativo o opciones productivas para sacar adelante a sus familias.
El hecho es que desde el pasado 23 de marzo, pescadores legales e ilegales realizan sus actividades libremente en el Alto Golfo de California, ante la ausencia de operativos reales de inspección y vigilancia, lo que permite que haya captura de pez Totoaba con redes que matan a la vaquita marina, a plena luz del día.
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