Emilio Lozoya afirmó que las acusaciones por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con el caso Odebrecht son “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia.
Luego de las órdenes de aprehensión giradas en su contra por autoridades mexicanas el 28 de mayo y el 4 de julio de este año, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuestionó que a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, se le acuse de “haber recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, cuestionó.
Así lo dijo Lozoya, quien a través de su abogado Javier Coello, respondió desde una locación no identificada, un cuestionario que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación realizada junto con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.
De acuerdo con este último medio, Lozoya responde por primera vez a la prensa desde que es investigado en México, y quien tiene intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, que ya son investigados.
En sus respuestas al cuestionario, sostuvo que estas imputaciones “son un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción”.
Explicó que las inversiones en las empresas registradas en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH, son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cada año mientras fue funcionario público, todas “producto de mi trabajo empresarial” antes de ser empleado de gobierno.
Rechazó haber ayudado a la empresa brasileña Odebrecht a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex, pues a cambio de sentencias reducidas “pueden haber inventado lo que les convenía” y apuntó que fue por motivos profesionales que conoció a sus directivos como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.
Expuso que sus sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30 por ciento en la producción de gas en el país, y que “por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después, es absurdo”.
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