En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entregado a la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a reducir 50 por ciento los delitos de alto impacto al final del sexenio, con el apoyo de programas sociales dirigidos principalmente a los jóvenes, que garanticen educación y oportunidades laborales.
“Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público, entre otros– se habrán reducido 50% en comparación con los de 2018, y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a derechos humanos”, establece el documento de 225 páginas.
El PND indica que “para entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada. Los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales, y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representan la exclusión de los jóvenes del estudio y el trabajo”.
El Presidente de la República reconoce que es imposible disminuir la violencia a través del despliegue de policías y fuerzas federales, por lo que propone el desarme y la rendición de las personas que cometan un delito, con posibilidad de otorgar amnistía e indulto a los infractores.
"Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderadamente policiales y militares y frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta imperativo considerar la adopción e modelo de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida”, señala.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla además la posibilidad de legalizar las drogas y utilizar los recursos destinados a su combate para la atención de las adicciones y la reinserción social, aunque reconoce que esto sólo puede ser posible a través de una negociación con el Gobierno de Estados Unidos y la ONU.
"La alternativa es que el Estado renuncie a las pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las adicciones de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción, para en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados”, agrega.
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