Con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que Andrés Manuel López Obrador podrá crear comisiones presidenciales, entre ellas la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, como lo prometió en campaña, pero también comisiones intersecretariales y consultivas.
La reforma fue enviada al Senado de la República para su revisión, porque en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados no permitieron cambios en el dictamen.
Las comisiones presidenciales podrán estar conformadas por servidores públicos y exfuncionarios, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial o de cualquier orden de gobierno; también podrán participar profesionales, especialistas y sociedad civil.
Las comisiones serán grupos de trabajo especial para investigar, dar seguimiento, fiscalizar, emitir propuestas o dar informes que servirán de base para la toma de decisiones del primer mandatario.
Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el Presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la administración Pública federal. Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a las comisiones intersecretariales, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto”.
Las comisiones consultivas serán aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia, quienes serán designados por el presidente de la República, para resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre un tema específico. Aunque estas comisiones podrán estar en la estructura de una dependencia del Ejecutivo, sus conclusiones no serán vinculantes.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri, planteó modificaciones, lo que sepultó Morena y sus aliados.
Sauri alertó que no hay límites y se debe establecer que las comisiones no pueden invadir competencias de los organismos constitucionales autónomos, ni de las atribuciones que la Constitución y la ley asignan a los Poderes y órdenes de gobierno.
Además, resaltó que se les atribuyen labores de fiscalización, cuando las únicas instituciones que tienen estas facultades son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
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