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A cinco días de que saliera a la luz en redes sociales la muerte por inanición de tres tigres de Bengala asegurados al narco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que los ejemplares fueron asegurados en un operativo de seguridad por la Fiscalía General de Guerrero y su personal no tuvo la custodía de los animales.
Lo anterior se contradice con un oficio enviado por las propias autoridades ministeriales a la Delegación de la Profepa en el estado, donde le piden específicamente hacerse cargo de la protección y cuidado de los grandes felinos, al ser la instancia competente de velar por las especies de vida silvestre.
Apenas el domingo 6 de marzo, en una tarjeta informativa, la Profepa señalaba que todavía no podía dar por muertos a los tigres de Bengala, abandonados en la zona rural de Chilapa, ya que cuando acudió a realizar el traslado de los ejemplares a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), ya no estaban en el lugar.
“Actualmente esta Procuraduría se encuentra realizando una investigación, toda vez que al arribar al domicilio donde se encontraban asegurados los ejemplares, los sellos se encontraban violados y la jaula abierta, vacía, limpia, sin restos de excretas, orina, alimentos o sangre”, precisó.
Fuentes de la Fiscalía General de Guerrero, revelaron a Excélsior que el mismo día del operativo de seguridad, el miércoles 16 de febrero, se giró el oficio número FGE/FRZC/0373/2022, mediante el cual puso a disposición de la Delegación de la Profepa en el estado, tres tigres, un macho y dos hembras, que se encontraban en una jaula, en el domicilio particular ubicado en la calle Libertad número 7, colonia Manila, en la cabecera municipal de Quechultenango.
De esta forma, se puede desprender que los tres tigres de Bengala estuvieron nueve días sin agua, alimento, ni atención médica, desde el día del aseguramiento, el 16 de febrero, hasta el día que se pretendía trasladarlos a una UMA, el 25 de febrero.
De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, después de la acción de la Fiscalía General del Estado en el inmueble, “cerraron todo, le pusieron sellos de asegurado y nunca vinieron a recoger nada, nadie alimentó a los animales y al final se murieron de hambre”.
En la fotografía que circuló en redes sociales, se observa a los tres ejemplares inmóviles, tirados dentro de la jaula, con la carne pegada a los huesos y en completo abandono.
Después de que se conoció el caso de los tigres de Bengala, la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza, bajó a Rodolfo Vilchis Noriega, encargado de despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, de la comitiva que viajó junto con ella a Lyon, Francia, a rendir cuentas sobre la protección de la vaquita marina ante el Comité Permanente de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
Rodolfo Vilchis Noriega, ingeniero forestal de profesión, es responsable de que un área tan importante como la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, se encuentre acéfala desde hace un año y medio, tras la renuncia de Martín Vargas, por el escándalo de la castración del llamado oso amistoso de Monterrey.
Además de que en el puesto clave de director de Inspección de Vida Silvestre, tiene a un abogado muy cercano a él de nombre Gerardo Uribe López, a quien designó luego de que el médico veterinario Raúl García Núñez, murió contagiado de Covid-19 en las oficinas centrales.
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