Organizaciones de la sociedad civil urgieron al Senado de la República a aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, y el reconocimiento pleno de la libre determinación de los pueblos indígenas.
"Estos pasos legislativos serían una muestra real del compromiso del Estado mexicano para resolver esta problemática", manifestaron.
Tras las conclusiones preliminares dadas a conocer por la relatora especial de Naciones Unidas en su visita a México, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes, destacaron que este fenómeno "está asociado a la sistemática violación de derechos humanos por acción, omisión y aquiescencia de autoridades e impunidad ante las agresiones del crimen organizado, pero también de las empresas".
"La ausencia de un marco legal favorece la acción de grupos criminales en los territorios indígenas, muchas veces bajo la tolerancia o complicidad de las autoridades. El más reciente informe en México de Indigenous Peoples Rights International señala la acción conjunta del crimen organizado, los grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, para la imposición de alianzas políticas de control territorial a través de prácticas violentas y de coerción", denunciaron.
Recordaron que por documentación y experiencia propia la mayoría de los eventos de desplazamiento masivo por violencia en México se relaciona directamente con la actuación de grupos criminales y del narcotráfico, y, por otro lado, con conflictos de carácter político, social o territorial.
"Estos altos niveles de violencia van de la mano de la corrupción, de la marginación, de la impunidad y de la falta de mecanismos de acceso a la justicia que muchas personas al verse ante la imperiosa necesidad de dejar sus comunidades o territorios por efecto de estas incursiones y ataques violentos a comunidades, no son reconocidas por su condición de víctimas por la CEAV", manifestaron.
Agregaron que el argumento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), es que por ser desplazados no son víctimas, que el desplazamiento no es delito y que tienen que presentar una denuncia penal por algún ilícito.
"Ello a pesar de haber sufrido enfrentamientos armados, expulsiones, amenazas, agresiones con armas de fuego, destrucción y quema de casas, cultivos y negocios, saqueo de viviendas y robo de animales, cultivos u otras pertenencias. La violencia escala incluso a la comisión de delitos como la desaparición forzada o la retención de familiares o personas de la comunidad, e incluso asesinatos, incluyendo el de personas defensoras de derechos humanos", subrayaron.
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